LA INFLACIÓN AUMENTA ¿PERO CUÁNTO MÁS PUEDE AUMENTAR?  POR JORGE VALÍN

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha adelantado que el Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) supera la previsión inflacionista del estado en 1,4 puntos.

El IPCA es una variante del IPC (Índice de Precios de Consumo). A diferencia del último, el IPCA no tiene en cuenta algunos aspectos del clásico IPC: como los servicios médicos, los medicamentos subvencionados y la educación. El IPCA también excluye las viviendas ocupadas por sus propietarios, y otros bienes y servicios no contabilizados, o que son tratados de forma diferente por otros países miembros de la UE. El IPCA, a igual que el IPC (clásico), es otro artificio que de nada sirve como guía al ama de casa, estudiante, médico o a cualquier asalariado. Lo único que todos sabemos es que recibimos los mismos ingresos y pagamos más por las cosas que queremos adquirir.

Esto nos lleva a dos preguntas interesantes: ¿quién es el ganador de estas subidas continuas?; y también, ¿por qué siempre suben los precios?

La razón que los precios suban no se debe a un truco de magia, ni a la especulación del intermediario, egoísmo del capitalista, o a la "avaricia intrínseca" del ser humano. El único responsable de este aumento es el propio estado. Cuanto menos intervenga el estado en economía, más estabilidad de precios existirá; y cuanto más intervenga más inestabilidad. Y también, cuanto más intervencionista sea un estado, mayor aumento en los precios a expensas de sus contribuyentes. En este sentido, la inflación es un impuesto más que el estado recauda sin que el contribuyente lo vea de forma directa. El ganador indiscutible del fenómeno de la inflación, sin lugar a dudas, es el estado.

La razón por la cual continuamente aumenten los precios se debe a los gastos en los que el propio estado incurre. El estado, para financiar todo aquello que promete a sus votantes, necesita sacar unos recursos (dinero) al sector privado. Realmente el estado no es un “productor real”. Los estados, y especialmente los “progresistas”, jamás son productivos, sino siempre improductivos (¡que gran contradicción sería admitir que los funcionarios son productivos!).

Como el estado no puede financiarse por el mismo, sólo puede recurrir a dos medios[1]: los impuestos, y la emisión de más dinero —hoy día llamado “monetarización”. Y éste último es el que genera la dañina inflación. Uno de los medios para conseguir este tipo de financiamiento es ampliar la “masa monetaria” —es lo que los economistas llaman M3. En los últimos años este agregado en España ha tenido índices de crecimiento muy altos mientras veía descender su PIB real. Esta continua fabricación de dinero está generando una inflación “latente” que no pueden ajustar los ratios convencionales (como IPC, IPCA, etc.).

Así, el estado, en su continuo esfuerzo por inyectar dinero en el mercado con el único objetivo de lucrarse, es el único culpable del incesante aumento de los precios: si el estado “fabrica más dinero” para pagar todo aquello que promete, el precio de los bienes que queremos comprar irremediablemente subirán.

La respuesta natural a esta intromisión son las leyes de la oferta y demanda. Intentar romper esta ley económica, como pretenden los estados “progresistas”, es como si un físico quisiera reducir los efectos de la ley de la gravedad por considerarla “poco igualitaria” o “poco sostenible”.

Si esperamos que el estado cree más subvenciones, genere más viviendas de protección oficial, aumente los subsidios de baja por estrés, el subsidio de desempleo, etc. más cara será “la vida” para nosotros. Esta intromisión sólo significa que el estado vivirá mejor a expensas de los productores —asalariados, empresarios, etc.— para otorgarlo a esos grupos que no generan nada —burócratas, ministros, campesinos ociosos, huelguistas que cortan carreteras, oportunistas estatales, etc.

Habiendo planteado este marco, ¿cómo es que el IPC actual parece tan bajo? En los años setenta, por ejemplo, la subida de los precios era evidente. El IPC superaba los dos dígitos anualmente. La respuesta es que el intervencionismo monetario de los setenta era diferente. La intervención que ejercían los estados y bancos centrales entonces se basaba llanamente en imprimir más dinero (más billetes). La fabricación de más dinero, sin ningún equivalente productivo que lo respalde (léase falsificación) repercute en los precios de una forma más visible. Los medidores convencionales, como el IPC, los intuyen con más facilidad. Pero hoy en día el estado no está autorizado a imprimir dinero cuando necesita recursos (aunque evidentemente sí que lo hace, y también lo destruye sin saber realmente el respaldo real que existe). Hoy en día, los estados y bancos centrales se dedican a hacer intervenciones en los mercados financieros aumentando la oferta monetaria.

Que ningún índice clásico, o periodísticamente conocido, mida esta "inflación crediticia", no significa que no exista. Existe, pero está “latente” en otros mercados pudiendo repercutirnos en cualquier momento. Una clara muestra ha sido el precio de la vivienda en España (también ha ocurrido lo mismo en Reino Unido y Estados Unidos). ¿Podemos decir que la “inflación” de la vivienda ha sido “moderada” en el lenguaje político? No. Realmente la estabilidad de precios que define el estado ha sido un evidente fracaso, y es que el fuerte incremento de la vivienda yace precisamente en la intromisión que el estado ha ejercido en el mercado inmobiliario y financiero.

Si el estado sigue interviniendo en la economía con más promesas y fabricando más dinero para financiarse, o impidiendo la producción privada, veremos un nuevo tipo de inflación. Una nueva inflación que acabará teniendo los mismos y nefastos resultados que ya tuvo en los años 30 y 70 del siglo XX. Y es que ningún estado jamás ha evitado ninguna crisis, más bien, siempre las ha causado.

Fuente: Jorgevalin.com