31 de diciembre de 2004

San Borja, LIMA.- El Presidente Ejecutivo del Instituto de Libre Empresa (ILE) José Luis Tapia Rocha expresó que la actual legislación laboral reflejada en el Decreto legislativo Nº 713 y su reglamento el Decreto Supremo N° 012- 92-TR mediante la cual obliga a empresarios y trabajadores a tomar vacaciones anuales y descansos remunerados son un atentado al derecho de elegir. “Al precisarse el número de horas mínimas de descanso, feriados, vacaciones útiles, no hace más que demostrar que el derecho a la libertad de elegir de los empresarios y trabajadores esta recortado,” dijo Tapia.  

Tapia señala que la actual legislación laboral relativiza la propiedad de los factores de la producción, incluyendo el servicio prestado de los trabajadores. “En realidad los empresarios son titulares legales de la contratación de los servicios laborales pero no ejercen como dueños sus derechos de elegir cómo asignar eficientemente dicho factor de la producción; las regulaciones laborales no se lo permiten”, acotó.  En este sentido, Tapia indicó que este tipo de legislación constituye una traba al desarrollo de los mercados por lo que cualquier reforma laboral deberá estar acompañada con una reforma del rol del Estado anunciada para el 15 de enero en la Comisión Permanente del Congreso. “Sería poco prudente que solamente se considere una flexibilización de un mercado como el laboral; se requiere una fuerte desregulación estatal de los demás mercados, por que una reforma parcial de la legislación laboral va a poner en desventaja inmediata al trabajador”. Explicó que al estar trabado el acceso libre a los mercados producto de las regulaciones estatales tal como indica el Informe Doing Business 2005, “la oferta empresarial de empleos no va aumentar como sería en un mercado libre, de modo que el perjudicado final sería el trabajador al perder su poco poder de negociación que le otorga la actual legislación laboral.” señaló.

Ferrero tiene razón

Tapia expresó su total acuerdo con la declaraciones del Primer Ministro Carlos Ferrero, con respecto que no es política de este gobierno realizar cualquier modificación laboral; pues considera que el gobierno de Toledo no ha sido elegido para esto ni está en condiciones de gobernar como estadista; solamente es un administrador de la crisis que ha heredado del gobierno estatista de Paniagua. “Kuczinksy hizo bien en poner en debate el tema de la reforma de la legislación laboral, pero olvida que la opinión pública es favorable a pensar que es deber del Estado a inmiscuirse en los asuntos laborales que son de naturaleza estrictamente privada. Solamente esta percepción pública puede ir cambiando en la medida que el Ministro de Economía explique didácticamente lo que es reforma del Estado y los beneficios de la liberalización y desregulación de los mercados”, precisó.