¿SIRVE AL LIBRE MERCADO LA TESIS DE LA SUBSIDIARIDAD? POR JOSE LUIS TAPIA Y ALBERTO MANSUETI

Casi todos los defensores de la economía de libre mercado esgrimen el principio constitucional de la subsidiariedad del Estado, como si se tratase de una firme línea de defensa contra el intervencionismo estatal. Pero esto no es tan así. Hay otro principio mucho más sólido y más apto para defender la libre empresa, la propiedad privada y los mercados abiertos a la competencia: el de la separación de las esferas pública y privada. Este sí que no deja oportunidad alguna al estatismo.

En el Perú y América latina, las políticas de libre mercado no han hallado una firme línea de defensa intelectual. Casi todos sus partidarios se siguen aferrando a la tesis de la subsidiariedad, que es una defensa muy pobre y un muro fácilmente perforable.

La doctrina de la subsidiariedad pone al Estado a hacer todo lo que el mercado no puede hacer. Pero es lamentable que este criterio no se aplique a las funciones del Estado, sino al sector privado. Así, si de la iniciativa privada no surge un gran supermercado en cada pueblito, aún de 2 mil habitantes, el Estado debería ponerlo. O debería necesariamente construir un aeropuerto o una carretera donde no hay inversión privada. O asimismo -siguiendo esta errónea línea de razonamiento-, debería construir el Estado una base espacial, una fábrica de misiles o una planta enderezadora de plátanos, puesto que del libre juego de los mercados no se materializan estas iniciativas. De hecho, así es históricamente como el Estado ha incursionado con sus empresas e instituciones en agricultura, minería, pesca, industria, banca y finanzas, educación, ciencia y tecnología, medicina, bellas artes, etc., etc. ... pretendiendo suplir al mercado.

Sin embargo, la pregunta es ¿por qué no se materializan todas las iniciativas a través de los mercados ...?. La respuesta es porque la sociedad tiene otras necesidades, otras prioridades, y por ende prefiere asignar y aplicar a esos otros usos que son recursos disponibles altamente costosos. Y mal haría el Estado en contrariar las prioridades establecidas por la sociedad de modo espontáneo a través de los mercados. Más que escasos, deberíamos enfatizar que los recursos son costosos. Tienen un costo de oportunidad, es decir: usos excluyentes. Quiere decir que cuando son asignados a un uso determinado, ya no quedan disponibles para otros usos alternos.

Lamentablemente, la doctrina de la subsidiariedad se ha tomado como pretexto para toda suerte de intervencionismos estatales en el Perú como son las regulaciones, altos impuestos, creación de empresas, reguladoras y superintendencias. Y ello porque es intelectualmente muy débil. No establece una separación rigurosa entre las funciones del Estado y de los mercados. Lo único que la sociedad no puede hacer por sí misma a través de los mercados, y requiere del Estado, es el cumplimiento de las tres funciones propias y naturales del Estado.

La primera es la represiva. Esto es, seguridad interna y externa; o sea: lucha contra la delincuencia y defensa nacional. La representación exterior -diplomática y consular- es una función anexa a esta. La segunda es la Judicial. Es decir: encausamiento de los delitos y resolución de conflictos y pleitos. Y la última, de Obras Públicas. Pero el concepto debe reducirse más que nada a las carreteras, caminos e infraestructura de comunicaciones licitándolas al sector privado.

Estos son los “negocios públicos” que deben mantenerse rigurosamente separados de los “negocios privados”, sean asuntos familiares, económicos y financieros, de culto, de pensamiento, educativos o de salud. El Estado podría apoyar eventualmente a los más pobres mediante la financiación de sus servicios médicos, educativos y previsionales, pero no a través de la prestación directa sino como dice Milton Friedman de cupones (vouchers) a los beneficiarios, que podrían así asistir a instituciones privadas, competetitivas y por lo tanto eficientes.

Servicios públicos como agua, luz, gas, y teléfonos, se prestan mucho más eficientemente por empresas privadas en competencia. Pero es imprescindible la reforma judicial. Está comprobado que los entes reguladores dependientes del Ejecutivo no pueden reemplazar eficazmente a los jueces, si estos son imparciales, honestos y capaces de ofrecer una justicia decente, accesible, rápida y no tan costosa. Si un usuario o consumidor se considera tratado con injusticia, debería recurrir a los predios del Poder Judicial. No a una agencia ejecutiva como Indecopi, Osinerg, Osiptel, Ositran, y las superintendencias. En definitiva, se trata de redefinir las funciones respectivas del Estado y el sector privado. Es de la mayor importancia sobre todo ahora, a propósito de la reciente claudicación del Gobierno frente a las irracionales demandas de los transportistas.