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COSTO SOCIAL POR OMISIÓN POR GUILLERMO VIDALON DEL PINO* |
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Octubre 5, 2007 Durante
los últimos años, un nuevo concepto se viene incorporando a las agendas
empresariales, el Corporate Social Responsibility o lo que en español se
ha denominado “Responsabilidad Social Empresarial” (RSE).
Sin embargo, aquel concepto que surgió en los países
desarrollados como una preocupación por el ambiente y la comunidad (a
veces legítima, otras discursiva y también con fines económicos) fue
transmitido como de cargo exclusivo y excluyente de la empresa privada. Los
cuestionamientos planteados a Otras
aún evalúan su advocación a A
la sazón, ahora que cada vez con mayor ahínco se demanda a las empresas
dar a conocer qué hacen por sus stakeholders, tanto los internos
(trabajadores) y los externos (público e instituciones vinculadas), creo
que sería conveniente también reflexionar sobre un nuevo concepto, al
cual he denominado Costo Social de Omisión.
En un país donde tanto el éxito individual como el desarrollo
empresarial aún se encuentran en cuestión por discursos que propugnaron
la culpabilidad y la penalidad del exitoso, haciendo una falsa analogía,
en la que se manifestaba que si alguien tuvo éxito no sería por los méritos
que alcanzó sino porque debió haber despojado a alguien de aquello que
disfruta en la actualidad, pues entonces otro de los compromisos a asumir
es desvirtuar esta falsa correlación de que si alguien gana otro pierde. Los
líderes empresariales y sus empresas son personas que, por su
acuciosidad, intuición o entrenamiento, pueden percibir oportunidades de
negocio que a otro sector de la sociedad quizás no le resulte de interés,
pero que, una vez desarrollado, cualquier proyecto empresarial surge para
atender una demanda social creada o existente y el éxito de la misma
produce nuevos encadenamientos, sinergias, que incluyen a un mayor número
de ciudadanos y lo hacen partícipe de la iniciativa. Esto
que a veces resulta difícil de percibir y entender en nuestro medio, en
el que el desarrollo empresarial ha sido muchas veces satanizado, ha
imposibilitado que muchos emprendedores ejecuten sus proyectos, siendo que
el stakeholder Perú, el de nuestro principal interés, se vea limitado
por el Costo Social de Omisión. Si
nos abstenemos de promover en la sociedad peruana la imperiosa necesidad
de educar en los valores del sistema empresarial, difícilmente surgirán
nuevos emprendimientos y, en adición, debemos impulsarlas para que
sean exitosas, pues el COSTO SOCIAL DE NO HACER EMPRESA SERÁ MAYOR PARA
TODOS. Un ejemplo clamoroso lo
configura el caso Tambogrande, una compañía minera legal que realizó
exploraciones en la zona y descubrió que debajo de un sector del Valle de
San Lorenzo había un yacimiento importante de oro, la misma que emplearía
tecnología de punta y desarrollaría prácticas sociales y ambientales
con los más altos y exigentes estándares nacionales e internacionales,
que pagaría impuestos al Estado y que éstos hubiesen llegado a la región
Piura por intermedio del Canon. Asimismo,
habría habido trabajo de calidad y un impulso dinamizador de la economía
local. Hoy,
viene ocurriendo todo lo contrario. La
minería ilegal viene ocupando progresivamente el valle piurano y opera
sin la más mínima consideración por el ambiente, sin reconocimiento
alguno de los derechos del Estado a los frutos del subsuelo, sin
contribuir al desarrollo ya que no paga impuestos, sin derechos laborales
para quienes allí trabajan, sin el menor respeto por la prohibición del
trabajo infantil, sin las más mínimas condiciones de seguridad para
quienes allí laboran, sin ningún manejo más o menos seguro en el uso de
insumos y reactivos de empleo restringido que pudiesen terminar en manos
del narcotráfico, así como de explosivos. El
párrafo anterior grafica con crudeza el concepto de “Costo Social de
Omisión”, la negligencia a la cual fue conducido el stakeholder
denominado Comunero del Valle de San Lorenzo, nos demuestra que la primera
responsabilidad social que debemos asumir es la promoción, desde el nivel
educativo, de la libre iniciativa privada y su expresión jurídica, el
desarrollo empresarial, porque finalmente será éste el que genere
progreso y bienestar para el conjunto de ciudadanos del Perú. (*)
Comunicador social de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con
estudios de letras y derecho en la Pontificia Universidad Catolica del
Perú. |
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OFICINA DE ILE |
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INSTITUTO DE LIBRE EMPRESA (ILE) Free Enterprise Institute Lima,
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