EL MOQUEGUAZO 

Guillermo Vidalon Del Pino*

Uno de los problemas de nuestra fragilidad democrática es que no contamos con un sistema que permita la renovación por tercios de los representantes, ello le daría mayor legitimidad y fortalecería la institucionalidad de organismos como el Congreso y los integrantes de los consejos regionales de los gobiernos subnacionales. 

Parecería que no percibimos que la dinámica política se mueve por cauces formales e informales.  Si la institucionalidad actual no permite que las reclamaciones fluyan por los cauces adecuados, para que las iniciativas puedan ser acogidas o rechazadas oportunamente, corremos el riesgo que falacias, como las que alimentaron el “Moqueguazo”, continúen marcando el ritmo de nuestro agitado devenir democrático.

El 10 de junio estalló el denominado “Moqueguazo”, movimiento similar al “Arequipazo del 2002”. Tras un año de reclamaciones orientadas a distorsionar el sentido de la normatividad vigente, las autoridades electas de Moquegua, congresistas, gobernantes regionales y alcaldes consideraron que la falacia llamada “material beneficiado” había fermentado lo suficiente en el subconsciente colectivo de los pobladores de su jurisdicción, como para “recuperar presencia” y reestrenar con nuevos bríos su prédica reivindicativa, como tenía que ser, volvieron a fracasar.

En general, nuestras autoridades subnacionales no se asumen como parte de la estructura del Estado, eluden asumir que su función primordial es la de garantizar el orden público, el respeto a las leyes y a las autoridades competentes, realizan todo lo contrario, fácil u oportunistamente, deciden “cambiar de sombrero” y asumir el rol de agitadores sociales frente al Estado, cuestionando, inclusive, a autoridades de rango nacional.

La discrepancia y la alternancia de ideas es el sustento de todo orden democrático pero, finalmente, alguien asume la decisión política sobre tal o cual posición o hecho controvertido. Ese alguien es la autoridad nacional y a ella se le debe respeto; de lo contrario, caemos en la figura del desacato.  Mucho de lo acontecido en Moquegua está teñido de flagrancia. 

¿Cómo se instala la falacia?, pues buscando el resquicio en la norma que permita generar confusión y dar apariencia de verdad a la mentira.  Cuando malintencionadamente se expresó y comunicó al pueblo de Moquegua que el Canon Minero, al cual tiene derecho por ley, debía calcularse en base al material beneficiado y no como la naturaleza jurídica de la norma lo señala, que el Canon y las regalías son las compensaciones a las regiones y localidades de donde se extrae el material, en este caso, el mineralizado; en consecuencia, la retribución a la región respectiva resulta de la explotación de los recursos naturales que posee, es decir, del material que se extrae en cada región y no del que se obtiene luego del proceso implementado en las instalaciones de las empresas que trabajan con dicho material.

Es cierto que cualquier lingüista interpreta que el sufijo "ado" hace referencia a una acción debidamente concluida.  Por lo tanto, si en minería el "Beneficio" se realiza en las "Plantas de Beneficio", entiéndase "Lixiviación" o "Concentradora", los dirigentes moqueguanos optaron por interpretar el resquicio de la norma, por ende, su “Derecho al Canon” les provenía del mineral obtenido luego de pasar por una “planta de beneficio”, lo cual distorsiona el sentir de la norma.

¿Por qué?, porque la región no aporta "material beneficiado", sino sólo "material  con algún contenido de mineral" y, por ello, el valor resultante después del proceso de "beneficio" es un valor que lo aporta la inversión de las empresas a través de las denominadas "plantas de beneficio".

La retribución a las regiones, través del Canon Minero y las Regalías proviene del "material con contenido de mineral", por lo que el cálculo de retribución lo hace el Ministerio de Economía y Finanzas en virtud de lo establecido por las normas respectivas, tal como se ha venido haciendo hasta la fecha.

Entre la manifestación del “Moqueguazo” y la omisión a aclarar, oportuna y públicamente, que la demanda de la clase política regional no era proporcional a lo que quiso señalar el legislador, había transcurrido casi un año.  Tiempo suficiente para que la percepción de la opinión pública regional fuese hábilmente nutrida por la falacia.  Los políticos formales (autoridades electas) pretendieron liderar la demanda, inclusive participaron en una curiosa huelga de hambre (ocho días después, los ayunantes no mostraban ningún trastorno en su salud, al extremo que salieron caminando y asistieron a una reunión trasnochadora con el presidente del Consejo de Ministros para hallar una solución).

Por su parte, los políticos informales, organizados a través de Frentes de Defensa Regionales o agazapados a través de la denominación “sociedad civil”, oportunamente entrenados y armados, atacaron y secuestraron a miembros de la Policía Nacional del Perú, quienes fueron emboscados por un ex militar quien asumió el liderazgo en el accionar desarrollado, motivando el desborde delincuencial de la protesta.

¿Qué está detrás de este nuevo accionar político? ¿Quién, cómo y dónde se financia y entrena a militantes militarizados? Los reservistas son una fuerza de segunda línea, deben actuar cuando las instituciones armadas regulares soliciten su participación u ocupan el liderazgo cuando la fuerza regular ha sido diezmada por el enemigo.  Pero aquí está sucediendo todo lo contrario, algunos reservistas se están convirtiendo en un grupo para militar para subvertir el orden, lo cual es sumamente peligroso y riesgoso para el país.

Una lectura transversal indica que o hay coordinación entre quienes desarrollan un accionar político formal con los informales o lo que está aconteciendo es que, ante el yerro de los canales formales de manifestación política, se está legitimando un accionar violento como expresión de la protesta, lo cual es sumamente grave, pues puede terminar legitimando en los sectores más radicales la misma práctica de la violencia que asoló el país en los años 80. 

La irrupción de la violencia terrorista de la década del ochenta fue fermentada en los años 70, no lo soslayemos en el análisis, menos aún cuando en el contexto Sudamericano hay quienes están dispuestos a financiar “revoluciones de nuevo tipo”, donde lo que les interesa es enquistarse en el poder, acabando con el proceso democrático e interrumpiendo el modelo de desarrollo económico implementado en el Perú.  No perdamos la perspectiva.

(*) Comunicador social de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con estudios de letras y derecho en la Pontificia Universidad Catolica del Perú.