TAXISTA UNIVERSITARIO TAXISTA POR GUSTAVO LOAYZA ACOSTA*

En el informe publicado por Asamblea Nacional de Rectores (ANR) denominado “Formación Universitaria Vs. Mercado Laboral”, (Luis Piscoya: 2006), indica que el nivel de subempleo de profesionales universitarios peruanos es del orden del 45.7% de la PEA, siendo Huancayo la ciudad que registra la mayor tasa con el 58% de la PEA. Si las universidades públicas están generando subempleados, ¿por qué seguir manteniendo políticas públicas que no están dando resultados?. No olvidemos que la educación universitaria pública es financiada por el Estado y si no está aportando al desarrollo y crecimiento económico es válido e imperativo proponer cambios. Carlos Boloña al describir el subempleo de los profesionales universitarios habla del síndrome “Taxista-Universitario-Taxista” e indica que: “nosotros como país vamos a gastar entre 15000 y 21000 dólares (en 5 años) para que una persona no preparada, por ejemplo un taxista, sea abogado pero después siga manejando taxi. Esto es caro para el taxista, es caro para la universidad, es caro para nosotros que estamos pagando impuestos.” (El Porqué de la relación Universidad-Empresa: Programa Bolívar, 1997).

En el informe de la ANR, encontramos que las carreras profesionales que tienen menos demanda y postulantes son las relacionadas con el sector productivo, éstas también son las que menos oportunidades laborales tienen en el Perú.  Las estadísticas indican que de 129 carreras universitarias existentes, el 15% (20 carreras) recibieron el 74.74% del total de postulantes. De estas 20 carreras más demandadas, 16 forman profesionales para la actividad de Servicios y sólo 4  forman para la actividad productiva. De acuerdo a la misma fuente, se conoce que la mayoría de los empresarios peruanos también buscan y prefieren profesionales de carreras del rubro de servicios.

Las estadísticas revelan que la mayoría de las empresas desarrollan actividades relacionadas al comercio y servicios. Sólo en las Mypes (94% del total de las empresas peruanas) el 82% se dedican a actividades de servicios y comercio (según el MTPE) y el 87% según Prompyme. (“Elaboración de Estadísticas de la Micro y Pequeña Empresa”. MTPE: 2005). Es decir, las empresas producen principalmente bienes de consumo y no bienes de capital. Esto es un indicador del bajo nivel de desarrollo de Ciencia y Tecnología en el Perú, el cual debería ser producido desde las universidades. Las teorías de crecimiento económico y la evidencia empírica revelan que los países que prioricen la producción de bienes de capital son los que mayor crecimiento desarrollarán.

De los datos indicados líneas arriba -lo cual no es nuevo porque existen muchos diagnósticos e informes sobre el tema) se observa que en el Perú, no existe una relación “Universidad-Empresa-Sociedad”, en todo caso ha sido ignorada por las universidades públicas, las empresas así como por la sociedad peruana. La universidad pública y las empresas vienen funcionando de espaldas unos de los otros, como indicaba Carlos Boloña, cada una de ellas “siguen en lo suyo y hay un divorcio clarísimo”. Uno de los resultados de esta situación es descrita por Milton Friedman, cuando indica que la “eficiencia de las universidades públicas” sólo ha producido “enorme pérdida de dinero de los contribuyentes” y ha propiciado “más descontento social”. (Libertad de Elegir, 1980). Este descontento social abarca no sólo el campo universitario, se siente también en el sector empresarial que desdeña a los egresados universitarios porque se asume que salen con bajo nivel educativo, de igual manera, la sociedad se da cuenta que la inversión estatal en la educación universitaria no es eficiente.

El gobierno actual no ha dado muestras de querer impulsar una reforma en la universidad pública, se está desdeñando todos los estudios y propuestas que existen al respecto. Es por ello que, para no quedarnos sólo en el diagnóstico queremos rescatar una propuesta que viene desde un enfoque liberal. La propuesta es que el Gobierno financie la Educación Universitaria pública no como viene haciéndolo hasta hoy, en el cual financia la oferta educativa universitaria (infraestructura, pago de sueldos a profesores, etc.). El cambio radica en que el Gobierno transfiera todas las instituciones universitarias a los profesores y administrativos de las universidades públicas, haciendo de estas instituciones privadas. Los fondos del Estado irían a financiar la educación universitaria a través de la emisión de vales o vouchers educativos para que los jóvenes que quieran estudiar en la universidad que ellos escojan bajo su propia responsabilidad y riesgo. Las universidades públicas que fueron transferidas a sector privado tendrían que demostrar eficiencia y competitividad si quieren captar los estudiantes con vales educativos.

Para que esta propuesta de política pública en el financiamiento de la educación universitaria, ésta tendría que pasar el siguiente proceso: 1) Discusión en la arena burocrática para determinar los parámetros, financiamiento y alcance de este modelo; 2) Discusión en la arena pública para lograr el consenso y apoyo de la sociedad civil sobre la pertinencia de un cambio en el financiamiento público de la educación universitaria; 3) Análisis de situaciones, alternativas, políticas, jurídicas, culturales, organizacionales,, etc.; 4) Implementación de la nueva política pública; 5) Enfrentamiento del rechazo; y 6) Mejora de la Política Pública. (“The policy window and joining the streams” de John Kingdon. Traducción libre realizada por Mayen Ugarte de Governa, 2006).

Entendemos que la discusión en la arena burocrática tendría que darse a partir de una “ventana de oportunidad” que se puede ir gestando desde el gobierno, si tienen la intención de mejorar la educación universitaria. Un nuevo modelo de financiamiento para la universidad peruana necesita entrar en la agenda de los partidos políticos e ir al debate político, esto podría ser impulsado desde el Consejo Nacional de la Educación (CNE). Lograr que la propuesta entre en la arena pública y se evidencie la urgencia de ésta, el CNE también se debe constituir en un actor principal de esta reforma, a través de estrategias de difusión y sensibilización.

En cuanto al tercer momento, una vez conseguido el triunfo y la aceptación en la arena burocrática y pública. El siguiente paso es constituir un grupo de especialistas y técnicos que se encarguen de realizar los análisis correspondientes para elaborar la propuesta de la nueva política pública. Antes de pasar a la implementación, estamos seguros que es necesario un Plan Piloto en una región o departamento, de tal manera que permita hacer las correcciones necesarias. Después de ello, vendría la implementación de la política pública a nivel nacional.

El financiamiento de la educación universitaria por el lado de la demanda, como propuesta de política pública liberal, es compatible con la teoría de la  Nueva Gestión Pública, trabajada por Osborne  y Gaebler en “Reinventing Government”: 1) Financia los productos y no los procesos de producción; 2) Prefiere las decisiones de gestión de los ciudadanos sobre las de la burocracia; 3) Introduce competencia entre servicios públicos para promover competitividad e innovación; y 4) Simula el mercado cada vez que se puede. Esta propuesta también encuentra alineamiento con lo propuesto por Joseph Stiglitz, en “Mejorando la eficiencia” (CLAD: 2002), toda vez que políticas públicas como estas anularían las llamadas rentas artificiales (“rent secking”), la corrupción e incentivos limitados.

Si bien es cierto, se indica que este tipo de políticas públicas liberales sólo funcionan en países con poblaciones eminentemente urbanas, creemos que se podría empezar con este modelo en las ciudades y proponer otras políticas públicas para poblaciones rurales. Creemos que los jóvenes peruanos merecen nuevas políticas públicas que les devuelvan las esperanzas de un mejor futuro.