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¿Son
las universidades con fines de lucro culpables?
Myriam
Janet Ortiz Herrera (*)
10
de julio de 2005
“Estudió
derecho y esta friendo papas en el McDonald's en Estados Unidos” dijo
una señora en una intervención radial en Radio Programas del Perú. Así
como esta hay otros cientos de historias de jóvenes capaces que egresaron
de alguna universidad pero que no han encontrado un trabajo acorde a sus
expectativas, tal como lo señala una encuesta de la Universidad de Lima
de marzo de 2004 donde el 60% de los entrevistados en Lima consideran que
es “muy difícil encontrar trabajo”.
El
especialista Gorki Gonzales en su informe “la enseñanza del derecho,
resistencia y continuidades”, considera que el problema de la educación
universitaria se debe a las llamadas universidades–empresas,
formada por “empresarios codiciosos”
que sólo le vasta comprar un edificio, un conjunto de carpetas y
algunas pizarras para convertirse en un centro producción de abogados.
Por su lado, el Colegio de Abogados de Lima considera que “existe un
injustificado incremento en el número de Facultades de Derecho” por la
ausencia de una adecuada planificación que permita coincidir con la
demanda de profesionales de esta carrera. Es más, la Junta de Decanos de
los colegios de abogados responsabilizó a la Asamblea Nacional de Decanos y a CONAFU por permitir la creación de universidades
“lucrativas”. Y para abonar más en esta línea, Luis Pásara en su
estudio “La enseñanza del derecho en el Perú” concluye que “la
transformación de la enseñanza universitaria en un negocio….ha
debilitado aún más los niveles de calidad en la formación
profesional”.
Hasta
aquí pareciera que es totalmente injustificado el incremento de las
facultades de derecho. Además, que las universidades parecerían estar
equivocadas al ofrecer una carrera donde ya no hay más espacio en un
mercado laboral totalmente saturado. Pero la verdad es que los
especialistas y juristas solo ven una parte del problema y no el conjunto
como debiera evaluarse objetivamente. El problema no esta en el mercado
universitario sino en el mercado laboral donde los impuestos y
regulaciones están matando las inversiones privadas de los empresarios ya
que no responden con puestos laborales a la velocidad como debieran
hacerlo al ritmo con que salen profesionales del mercado universitario.
Por tanto el lucro no es el problema, ni el “afán codicioso” de los
empresarios, sino la falta de libertad empresarial en el mercado.
De
acuerdo al informe Doing Business del Banco Mundial muestra cifras
alarmantes de un mercado totalmente intervenido para los empresarios
peruanos. Perú tiene el doble de rigidez en la contratación de
trabajadores que el resto del mundo. Asimismo, es tres veces más difícil
despedir a un trabajador en nuestro país que en los países más
industrializados y dos veces a nivel latinoamericano. Formalizar una
empresa dura 98 días con 10 pasos como promedio frente a 6 de los países
más desarrollados, y cuesta 36% del ingreso per cápita frente a 6% en el
promedio mundial. ¿Esta situación no es acaso el verdadero problema, más
que atacar indiscriminadamente a las universidades privadas por ser
lucrativas?.
No
es que el empresario sea irracional educando profesionales para el derecho
frente a la saturación del mercado laboral, lo hace por que todavía
existe demanda insatisfecha tal como se puede observar en cada proceso de
admisión en las universidades privadas donde el numero de postulantes en
promedio supera a las vacantes disponibles, y si fuera el caso que la
demanda cae, los empresarios ajustaran el numero de vacantes reduciéndolo.
Vladimir Chelminski, Director Ejecutivo de la Cámara de Comercio de
Caracas, en su artículo “Educación frente al dilema del lucro”,
llama la atención de quienes se oponen al lucro de las actividades
educativas, pues muchos no han entendido el esencial rol que juega en la
motivación del empresario. Y esto es justamente lo que han hecho los
empresarios educativos privados por el DL 882, que han brindado mayores
oportunidades educativas poniendo al alcance de las mayorías carreras que
eran antes dirigidas a una elite de la población, donde pocos accedían a
una educación universitaria y otros se frustraban por no ingresar a las
universidades que formaban el oligopolio antes de la dación de esta ley.
Asimismo, el lucro no es el culpable de la perversión de la calidad
educativa sino de otros factores que no permiten llegar a la excelencia
educativa. Por ejemplo, nadie
cuestiona que el estado sea propietario de la mayoría de los colegios
existentes donde sus estudiantes de bajo nivel en formación de lenguaje y
matemáticas entran como insumos en el proceso de aprendizaje
universitario tirándose hacia abajo los contenidos de los conocimientos mínimos
básicos con que debiera iniciar su carrera universitaria. Asimismo, no es
el empresario y su motivación de lucro los culpables de estar recibiendo
docentes de bajo nivel de conocimientos y actualización proveniente de
universidades que viene siendo monopolizada por el Estado. Nadie dice nada
de las regulaciones y otros controles férreos que se hacen a las
universidades privadas con fines de lucro desde el momento que presentan
sus proyectos al CONAFU, pues resulta totalmente incomprensible como una
simple inspección a un local universitario se cobre alrededor de
S/.20,000 y autorizar un convenio de cooperación técnica internacional
le cueste S/.8,000.
Por
tanto considero que todo lo anterior devela una irracionalidad total del
estado, donde la decisión política de los gobernantes esta terminando
por agravar más la situación de muchos jóvenes universitarios que no
encuentran trabajo en sus respectivas carreras debido que el estado
entraba el desarrollo normal de un mercado libre para que los empresarios
puedan crear mayor oferta laboral sino que además entorpece la labor que
viene realizando las universidades privadas al proporcionarle estudiantes
y docentes de bajo nivel educativo.©
(*)
Directora de Economía de ILE
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