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Millones
de Pymes reclaman libertad
José
Luis Tapia Rocha (*)
9
de agosto de 2002
La
propuesta de Ley de Promoción de las Pymes concertada desde el
Ministerio de Trabajo, es un reconocimiento de la urgente
necesidad de formalizar a los casi 9.5 millones de peruanos que
trabajan en las Pymes y, los 3.5
millones de empresas que producen riqueza fuera de la
legalidad y que alcanza increíblemente la cifra de 62% del PBI.
Esta propuesta de ley ofrece bajos estandares laborales y
tributarios para que las Pymes se formalicen.
El
Ministro de Trabajo Fernando Villarán ha señalado que la
propuesta es una salida estratégica frente a la imposibilidad
de rebajar los actuales estándares laborales y tributarios para
las empresas formales y, ha reconocido que las Pymes desaparecerán
si se les obligan a adecuarse con la legislación actual. Al
parecer, esta propuesta de ley estará vigente sólo por 5 años.
Aunque algunos estudios de abogados han objetado dicha norma,
sustentando, para tal efecto, que no puede haber diferenciación
legal entre empresas según su tamaño.
Es
cierto, no deberia existir. ¿Pero qué se puede hacer frente a
un sistema legal de tipo mercantilista que siempre ha favorecido
a las grandes empresas y, ha excluido a millones de peruanos que
andan refugiados en la informalidad sin derechos protegidos?. ¿Acaso
no es momento para reflexionar muy seriamente en la posibilidad
de desmontar este sistema inmoral, y rediseñar un marco
institucional que nivele los derechos de millones de peruanos
que se encuentran excluídos?. Quien puede lo más, puede lo
menos.
Bajo
esta circunstancias, lo primero que debe hacer el
gobierno es comprometerse con los empresarios formales (¡si
es que puede!) a rebajar gradualmente los actuales estándares
laborales y tributarios al nivel como se le están ofreciendo a
las Pymes, y cuyo proceso debe finalizar el 2007. Para ese año,
se espera que todas las empresas, sin importar su tamaño,
tengan los mismos derechos y deberes. Y en segundo lugar, las
Pymes no deben formalizarse a menos que el gobierno cumpla con
rebajar los estandares tributarios y laborales. Cada vez más
son las empresas formales que no entregan facturas para
sobrevivir en el mercado.
Lo
cierto es que hacer negocios en el mundo formal es un suicidio
empresarial. Por ejemplo, economistas y laboralistas señalan
que la actual legislación laboral genera una estructura de
sobrecostos del siguiente tipo: 9.72% por CTS,
8.33% por gratificación, 8.33% por vacaciones, 0.89% por
seguro de vida, 4.88% por asignación familiar, 5% por
utilidades y 1.5 remuneraciones por despido. En el rubro
sociales, 9% por Essalud o EPS, y 3.5% por seguro contra riesgo.
Y en el tributario; 2.00% por impuesto a la solidaridad, y 0.5%
por Senati. También señalan que la nueva Ley General del
Trabajo excluye al 61% de trabajadores urbanos que están en la
economía informal. Ni que decir de la reforma constitucional,
en su capítulo laboral, que da rango constitucional a
beneficios laborales que están fuera de la realidad de las
Pymes. Estos hechos explican en parte por que las Pymes se
reproducen en miles, son dinámicas, y es el sector empresarial
que en los últimos años ha crecido a tasas promedio de 10% a
pesar de la recesión.
En
esta perspectiva, los dirigentes de las micros y pequeñas
empresas deben negociar con el Estado una salida inteligente en
el corto plazo, que contemple un régimen tributario de dos
impuestos con una tasa flat del 8% para el pago del IGV e
impuesto a la renta. Asimismo, las tasas de los trámites y el
pago de tributos en Municipalidades y Ministerios debe rebajarse
en un 60%. Por el lado de los beneficios laborales, los pagos de
gratificaciones, sueldos mínimos y vacaciones deberán ser
negociados mediante contratos libres y voluntarios entre
empresarios y trabajadores. Si esto finalmente se aprueba será
motivo de alegría de quienes consideramos que sólo la libertad
empresarial es suficiente incentivo para que las Pymes puedan
ejercer su empresarialidad en un mundo formal y con derechos
protegidos.©
(*)
Director General de ILE
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