Malas leyes peruanas obstruyen desarrollo económico

Lima, Perú, 24 de mayo de 2007.- El 70 por ciento de la informalidad que existe en el Perú, es consecuencia de un marco legal contrario a una economía de libre mercado, por lo que es necesario la derogatoria de aquellas leyes que obstruyen el desarrollo económico y que representan el 80 por ciento de los costos y precios del aparato productivo, lo cual hace que nuestro país no este en las mejores condiciones para competir con los Estados Unidos mediante el tratado de libre comercio.

Así lo dio a conocer José Luís Tapia Rocha, director del Instituto de Libre Empresa, durante su intervención como expositor invitado al CADE Panamá 2007  "Institucionalidad: Desafió Ineludible", que culminó recientemente en ese país caribeño.

Manifestó que el Perú  mantiene un estatismo disfrazado de neoliberalismo, prueba de ello es que el estado no hace ningún esfuerzo para reducir gastos, sino por el contrario, incrementa sus ingresos fortaleciendo la SUNAT y creando leyes contrarias a un sistema de libre empresa.

“El único regulador de la economía es el mercado a través de las leyes: de oferta y  demanda, preferencia temporal, utilidad marginal, coste de oportunidad, pérdidas y ganancias, entre otros. Adicionar otras de corte estatista solo provoca desempleo, pobreza, exclusión, falta de oportunidades y demás males que aquejan a la economía peruana”, sentenció.

Ante decenas de integrantes de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas, institución organizadora del mayor evento empresarial de ese país, afirmó que ante sistema estatista las leyes reflejan su poder, en cambio en un sistema de libre empresa la ley limita al poder político.

En resumen, dijo, a mayor número de leyes inadecuadas, habrá mayor poder estatista, menos libertad y menor desarrollo económico y político. La empresa privada no puede sobrevivir en ese contexto, menos aún, la pequeña y micro empresa, por lo que la informalidad para ese sector es el escape a la libertad, problema que se transforma en una solución no deseada.

Frente a esta realidad, el Instituto de Libre Empresa no solo propugna la derogatoria de las leyes que no contribuyan al desarrollo económico, sino también  la aplicación de un conjunto de medidas que van desde convertir al poder judicial en el primer poder del estado hasta la atención transitoria de los sectores extremadamente pobres.